Para el diálogo 2 se realizó un taller el 27 de abril, el cual contó con la participación de 57 personas representantes de distintos sectores del país. También se obtuvieron insumos de la encuesta virtual llevada a cabo por U Report dirigida a jóvenes y encuesta virtual dirigida a la población.
Durante el taller se identificaron algunas prácticas de recuperación sostenibles: las cadenas de valor que aprovechan las oportunidades del mercado, aumentan la productividad y los ingresos, promueven el ahorro de costos y mejora continua; los mecanismos forestales y agrícolas basados en incentivos que promueven la conservación de los recursos naturales, mientras las comunidades (mujeres, hombres, pueblos indígenas) reciben un beneficio económico por su cuidado. Asimismo, se recomendó desarrollar acciones socioeconómicas que empoderen y desarrollen las MIPYMES.
En general, es necesario para una recuperación económica sostenible e inclusiva que el país implemente acciones dirigidas al desarrollo socioeconómico y al empoderamiento de toda la población, incluyendo a los grupos vulnerables y marginados, entre ellos mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y pueblos indígenas.
Algunas prácticas actuales que deben cambiarse para lograr un futuro más sano para el planeta y la población, como las prácticas insostenibles de gestión de los recursos naturales que conducen a la degradación de los paisajes, y de los recursos naturales. El país necesita cambiar su matriz energética, abandonando el uso de combustibles fósiles como principal opción energética. Se necesita revisar las normas regulatorias que limitan la implementación de los proyectos de sostenibilidad ambiental con enfoque productivo y de desarrollo.
Para asegurar que la población pueda beneficiarse de las oportunidades derivadas de una transición sostenible y justa, se necesita fortalecer el papel de las instituciones para desarrollar mecanismos de transparencia, rendición de cuentas por parte del gobierno y el desarrollo de políticas públicas vinculantes de manera interinstitucional e intersectorial, para asegurar la implementación de las acciones y al mismo tiempo aumentar y promover la participación de la sociedad civil, del sector privado y de las comunidades rurales, con énfasis en las mujeres, pueblos indígenas, los jóvenes y personas con discapacidad, en los procesos de toma de decisiones.
La transición justa hacia una economía más sostenible se puede lograr mediante inversiones en la creación de empleos verdes en los diferentes sectores de la economía, a través de alianzas público privadas, promoviendo el acceso a las personas más afectadas por la pandemia y de los jóvenes. En este sentido, la creación de alianzas estratégicas es fundamental para generar nuevas oportunidades de negocio orientadas a la economía verde, azul y a las energías renovables, con el apoyo de las instituciones financieras nacionales e internacionales.
La formación, la asistencia técnica y científica a los grupos de productores locales, para trascender los modelos de autoconsumo a la producción comercial, con una planificación progresiva de las acciones, puede permitir un desarrollo sostenible en las zonas rurales. Por último, es necesario impulsar los principios de la economía circular y otras normas de calidad para la sostenibilidad de una recuperación económica que sea realmente verde y justa.
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